Sin despidos por 60 días
Declarada la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, el Gobierno Nacional decretó la prohibición de despidos “sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta (60) días contados a partir del 31 de marzo”. La medida busca no agravar aun más “la crisis económica en que se encontraba el país cuando se produjo el brote del nuevo Coronavirus, que diera lugar a la declaración de pandemia por COVID -19 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
El decreto se enmarca en el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” que se prorrogó hasta el día 12 de abril inclusive. El mismo también prohíbe “las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de sesenta (60) días”. Quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
“Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2° y primer párrafo del artículo 3º del presente decreto, no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”, advierte.
En el decreto presidencial, el Gobierno reconoce que el aislamiento obligatorio “impacta directamente sobre la actividad económica del país y en el sistema de producción de bienes y servicios”, por lo que se tomaron paliativos en tal sentido. Junto a la prohibición de despidos y suspensiones se constituyó un Fondo de Afectación Específica en el marco de la Ley N° 25.300 y sus modificatorias, Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a préstamos para capital de trabajo y pago de salarios. También se creó el Programa de “Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” para empleadores y empleadoras y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria y la coyuntura económica, entre otras normas ya dictadas.
